• Ambiental News-Miguel Á.

Agua ¿un derecho humano?


Agua para todos


Sin temor a equivocarme los sistemas de agua y saneamiento en nuestro país están pasando por su momento más crítico. Ya desde antes de la pandemia enfrentaban retos muy grandes: fugas del 45 por ciento del agua; 25 por ciento de morosidad en el pago; tandeos al 86 por ciento de la población; 76 por ciento de la población prefiere comprar agua embotellada para beber porque no confía en la calidad del agua que recibe; mas de la mitad de sus descargas de aguas residuales no reciben ningún tratamiento, las tarifas están sumamente rezagadas, los costos de la energía (su principal costo) están por la nubes.

En fin, un negro panorama que se tornó aún peor. La pandemia ha dejado sin empleo a mas de un millón de personas en el sector formal, a otras tantas en el informal, y se considera que más de un millón de empresas cerrarán. Si se estima que el PIB será de -8 por ciento (la peor crisis desde 1932, según el secretario de Hacienda), la caída de los ingresos de los sistemas de agua se estima que será de entre el 20 y el 30 por ciento.

Ya desde antes de la pandemia, en un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más del 95 por ciento de los organismos operadores en ciudades de más de 50 mil habitantes tenía un margen de operación negativo, es decir, sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus costos, y eso que el estudio se hizo en ciudades medias y grandes. Imaginen la crisis en los organismos pequeños y en las organizaciones comunitarias de agua... Pues después de la pandemia eso se va a agravar.

Además, dado que el lavado frecuente de manos (y la higiene en general) es una de las principales formas de contener la propagación del virus, se ha hecho la recomendación a nivel mundial de evitar la suspensión del servicio; los organismos han respondido a ese llamado, se han portado a altura de las circunstancias, y aún con sus múltiples problemas han dado la cara, pero no van a poder sostener este esfuerzo por mucho tiempo.

Pero parece que son invisibles. Nadie los ve, nadie los oye. Los hemos dejado solos.

La semana pasada, por ejemplo, se anunció que en el proyecto Lago de Texcoco, que se construirá en donde iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se invertirán 17 mil millones de pesos. En tanto que el presupuesto autorizado este año para los programas que subsidian las obras de agua y saneamiento en las 32 entidades del país apenas tiene 2 mil 500 millones de pesos.

Estándares internacionales recomiendan invertir el 0.3 por ciento del PIB en obras y acciones para dotar de agua a la población y a las actividades productivas, pero en México apenas se invierte el 10 por ciento de eso, es decir, el 0.03 por ciento del PIB.

El agua y el saneamiento son derechos humanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2010, México los incorporó a su constitución desde 2012. En su visita a nuestro país en 2017, el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua, Leo Heller, hizo observaciones muy severas a nuestro país.

La Ley de Aguas Nacionales no se ha adecuado, los Sistemas de Agua y Saneamiento no se han fortalecido ni han incrementado sus capacidades y sus eficiencias; los apoyos técnicos y financieros de los gobiernos estatales y del gobierno federal han disminuido drásticamente... Entonces ¿para qué lo pusieron en la Constitución?, ¿quién va a defender este derecho humano?, ¿qué hace falta para que alguien lo atienda?

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