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Arrasa la industria más puerca con la biodiversidad maya


+ Publica Greenpeace México un informe sobre “La carne que consume al planeta”

Por Miguel Ángel de Alba.


La Península de Yucatán es amenazada por una industria porcícola que actúa ilegalmente, que crece de manera exponencial a costa de invadir Áreas Naturales Protegidas, contaminar el agua, afectar a los cenotes, deforestar la selva maya y violentar los derechos humanos de pueblos indígenas.


En el informe “La carne que consume al planeta”, publicado hoy por Greenpeace México, se menciona que de las 257 granjas porcícolas con registro en alguna base de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47 por ciento) están en sitios considerados de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad.


Veinte granjas se ubican en zonas de conservación y 120 en áreas de restauración, y 65 por ciento de ellas, en lugares de prioridad extrema; al menos 43 se ubican en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) y una en un sitio RAMSAR, que se refiere a humedales de importancia internacional.



Veintidós de las 257 granjas porcícolas funcionan con Manifestación de Impacto Ambiental, de acuerdo con los resultados de la investigación, lo cual quiere decir que recibieron el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con la organización ambientalista, el funcionamiento de estas granjas pone en peligro los derechos medioambientales en la región.


“Realizamos muestreos de agua en pozos, tomas de agua de las granjas que se vierte directo en la selva y un cenote de la región, y encontramos que en cinco de las ocho muestras se rebasa la NOM-001-SEMARNAT-1996 para la protección de la vida acuática.

Todas las muestras exceden los límites recomendados de amonio (NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3) para garantizar la salud de las personas en México, según lo estipulado en la NOM-127-SSA, la cual dicta los límites recomendados para uso y consumo humano”.


Por otra parte, señala que la deforestación en la zona ha arrasado con 10 mil 997.01 hectáreas de selva, lo cual también representa una grave amenaza para especies catalogadas en peligro de extinción o amenazadas según la NOM-059-SEMARNAT-2010, como el jaguar en la selva o los peces ciegos en cenotes.


Otro de los riesgos es el desplazamiento de los pobladores, en especial de los apicultores. Publica el testimonio de Manuel Casanova, apicultor maya, quien dice que “ya casi no tenemos tierras para producir, porque Kekén dice que son propiedad privada y son de ellos. Ya otros estados nos están superando en las cosechas de miel, cuando Yucatán era el primer lugar”.


Alberto Rodríguez Pisté, portavoz del consejo maya del poniente de Yucatán Chikin-já, también expresa que “la tranquilidad y seguridad se encuentran amenazadas por la presencia de una megagranja porcícola entre las poblaciones de Kinchil y Celestún, que extrae grandes cantidades de agua del subsuelo, la cual usan para limpiar las jaulas para luego regresarla al monte o a la selva en un sistema de riego, lo cual ocasiona la formación de lagunas de agua contaminada con excretas y orina de cerdo en grandes cantidades, que se filtra al manto freático”.


Greenpeace afirma que a pesar de esta realidad, el Gobierno de Yucatán, en su Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, tiene como objetivo impulsar este tipo de industrias, pero su papel es regular las granjas porcícolas que carezcan de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).


Por su parte, la Semarnat deberá verificar que las MIA cumplan con la protección del medio ambiente y deberá garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el de la consulta, y a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado, además de que deberá priorizar la conservación de la selva/ biodiversidad respecto al desarrollo de las granjas.


El estudio también indica que desde 2017, el pueblo maya de Homún comenzó una batalla legal en contra de una de estas megagranjas, y aún espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


“Greenpeace demanda a los gobiernos federal y local poner un alto a las granjas industriales, la ordenación rigurosa del territorio en las zonas de gran densidad ganadera en la península de Yucatán, además de crear un sistema de monitoreo e inspección de la calidad de agua”, continúa.


Finalmente señala que el plan de recuperación económica nacional debe ser verde y justo para garantizar un modelo sostenible y saludable en el mediano y largo plazo, que no incremente los efectos del cambio climático y nos aleje de una crisis climática.

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