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Dictan jueces sentencias por consigna en los megaproyectos del Ejecutivo, afirman abogados


+ Advierten que se genera desestabilización social y que la ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, podría usar sus redes para que los jueces sentencien a modo en los amparos


Por Mónica Romero

El poder judicial está sentenciando amparos a favor de los megaproyectos y desautorizando la legitimidad de los pueblos originarios, lo cual podría desencadenar en una gran desestabilización social, apuntaron expertos en derecho y derecho constitucional.

Convocados por el Frente para la Defensa del Territorio y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), Magdalena Gómez, especialista en derecho indígena; Jorge Fernández, ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; Francisco López Bárcenas, especialista en derecho indígena; Carlos González, abogado agrario, y Carlos Flores, abogado del FPDTA-MTP, los expertos dieron a conocer sus opiniones acerca de las inconsistencias halladas en el sobreseimiento del amparo interpuesto por la comunidad de Ahuehueyo contra la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.

Juan Carlos Flores señaló que hay 17 amparos interpuestos contra la Central de Ciclo Combinado de Hueca, de los cuales sólo se ha resuelto uno. Se encuentran vigentes los amparos contra la termoeléctrica (2014), contra el gasoducto Morelos (2014/2019) y contra el ramal del gasoducto (2017); cuatro, contra la consulta ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra funcionarios del Proyecto Integral Morelos (PIM); dos, por el respecto a la autodeterminación en la decisión respecto a la termoeléctrica y el gasoducto (2019) y siete de los ejidos por el agua (2015/2020).

De ellos, sólo se ha resuelto el amparo 112/2018 de San Juan de Ahuehueyo, en el Juzgado Quinto, con el recurso de revocación 422/2019, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Administrativa, con un peritaje irregular que determinó que no habría una afectación en la cantidad de agua para el ejido.

“La perito en hidrología debió ser impedida, por ser parte de las autoridades demandadas. El peritaje se realizó de forma mañosa, ya que en vez de considerar el caudal el río Cuautla, tomó en cuenta el total del caudal del río Amacuzac, con base en lo cual determinó que la afectación sería sólo del 4 por ciento, por lo que no se traduce en falta de suministro, pero si se toma en cuenta sólo el caudal del río Cuautla, la afectación será de alrededor del 25 por ciento”, detalló Flores.

En el caso de Huexca, continuó, existe el antecedente de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) protestó contra un perito sugerido por la parte quejosa, lo cual nos deja claro que el Estado mexicano maniobra para que se concluya el PIM.

Magdalena Gómez Rivera consideró “lamentable” escuchar el pasado 10 de septiembre al presidente López Obrador, lo cual “quiere decir que el Gobierno no tiene límites, que no se va a detener y no sabemos hasta dónde va a llegar” para lograr su propósito de poner a funcionar la termoeléctrica a finales de año.

“Hay procesos jurídicos y alertas en torno al gasoducto, porque atraviesa por terrenos con gran actividad volcánica”, añadió.

Estimó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “tiene todas las redes para promover la acumulación de juicios para resolver estos amparos, y tenemos el eje analítico de la desautorización del ejido, basados en peritajes ambiguos”.

Los dictámenes de los peritos señalan que no pasa nada, que no se afecta la distribución del agua, y los jueces admitieron el peritaje de una persona que está dentro de las partes demandadas. Asimismo, precisó, Blanca Jiménez, la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que “la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), realizaría un peritaje, pero esas funciones no están dentro de las atribuciones del organismo internacional”.

El otro eje usado por los jueces es que el ejido no tiene interés jurídico, pero se olvidan del interés legítimo, reconocido por la misma Corte, agregó.

Con base en eso, está claro que “los jueces van a desautorizar a los ejidos, a las comunidades y a los pueblos originarios, al señalar que no tienen interés jurídico, y a legitimar lo que digan los peritos para dar carpetazo al asunto y luz verde el Proyecto Integral Morelos”.

Al Gobierno no le importa la reacción de la población, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Nacional deben poner atención al hecho de que hay jueces que están dictando sentencias por consigna, porque lo mismo han hecho en otros estados, como en Yucatán, donde cuatro amparos fueron rechazados contra los pueblos indígenas mayas.

Francisco López Bárcenas reiteró que la intención del Poder Ejecutivo es llevar a cabo sus megaproyectos, síntomas en cuenta a los pueblos ni sus derechos. “Piensa que la legitimidad de los votos le alcanza para violar las leyes”.

Además, el Poder Judicial no ha asumido su facultad de hacer respetar la ley, por lo cual dicta sentencias a modo. “Hay una colusión de poderes para afectar los derechos de los pueblos indígenas, y eso es notorio porque las sentencias son similares en los recursos presentados por los pueblos y comunidades originarias: no tiene derecho, no tienen interés jurídico…”.

Y esto pasa en Sinaloa, con los mayos; en Sonora, con los yaquis; en el sureste, con los mayas, y eso es muy grave, concluyó.

Finalmente, el abogado Jorge Fernández Sosa, ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, consideró que es muy complejo el problema que vive el Poder Judicial.

"El Ejecutivo no respeta el orden legal en los megaproyectos, ante lo cual el Poder Judicial debería ser un elemento de equilibrio y defender los derechos de los pueblos, pero al no hacerlo, los deja en indefensión y genera un ambiente de desestabilización social", concluyó el jurista.

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