• Ambiental News-Miguel Á.

El crimen organizado y los derechos de autor



Pláticas jurídicas

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La intervención de los grupos delincuenciales que atentan contra los derechos de autor abarca una perspectiva jurídica de gran interés. En relación a la gran lesividad del crimen organizado, debe resaltarse, que hasta este momento, sólo se han manifestado intuiciones por parte del Órgano Legislativo Federal, al percatarse desde 1996 en que se creó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, sin embargo, de manera muy reciente fue que se han incluido las conductas que atentan contra el derecho de autor como figuras típicas dentro de esta legislación, como se explicará con más detalle en el cuerpo del presente capítulo.

A continuación, se hace referencia a un criterio basado en la exposición de motivos de la iniciativa que creó dicha Ley:

“Asimismo, de la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, se advierte que se tomó en cuenta la necesidad de prever una ley especial que regulara la conducta consistente en la organización de tres o más personas encaminadas a cometer alguno de los delitos ahí señalados, pues se estimó que no obstante que se hacía mención a la "delincuencia organizada" en la legislación penal, la regulación era aún insuficiente; consecuentemente, al preverse la delincuencia organizada se establece un delito autónomo y no una agravante.”

Así pues, dicha incorporación legislativa al derecho positivo, a juicio propio, aún es insuficiente en atención a la cotidiana convivencia que existe entre el comercio informal y los consumidores, relación de la cual, siempre resultan afectados los intereses de muchos particulares y, como ganador financiero, el crimen organizado.

En cualquiera de los casos, es muy común hablar de piratería haciendo referencia exclusivamente a la reproducción ilegal de obras en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Ahora, por exclusión, respecto a la propiedad industrial las conductas se encasillan únicamente en la falsificación de marcas o de cualquier signo distintivo, o bien de una patente.

Es de destacarse que esto puede llevar a una seria confusión sobre el bien jurídico protegido ya que las conductas consistentes en falsificar suelen asociarse con los delitos que atentan contra la confianza o la fe pública. De ahí que algunos podrían entender que el bien jurídico objeto de protección es la confianza del público en la autenticidad de los signos colocados sobre las envolturas, envases o etiquetas de los productos.

Se demuestra a lo largo del presente estudio que esto no es del todo cierto, ya que la confianza del público consumidor en la autenticidad de los productos puede ser un interés digno de tutela, mas no constituye un único bien jurídico protegido por la norma penal, este tipo de delitos atenta contra muchos más bienes jurídicos que la simple confianza del consumidor.

Es por ello que, por cuenta y propuesta personal, a todos los delitos relacionados con la propiedad intelectual se les debería referir de manera generalizada como “piratería”… Como ya lo analizaremos en una próxima ocasión.

¡Nos leemos la próxima semana!

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