• Ambiental News-Miguel Á.

España ya tiene su primera Ley de Cambio Climático

+ Pese a los avances, organizaciones sociales consideran que se queda corto en metas


España cuenta ya con su primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras aprobar el pleno del Congreso el 13 de mayo las enmiendas incluidas a su paso por el Senado.


Parque eólico de la isla de El Hierro

Foto: Paque eólico de la isla de El Hierro. Carlos Teixidor Cadenas

A pesar de ser la primera norma específica que aborda la mitigación y la adaptación a la crisis climática, el texto definitivo olvida sectores clave en la descarbonización –como la aviación, la agricultura o la industria– e incluye objetivos «insuficientes», según argumentan organizaciones, movimientos y partidos.

Un análisis de Alba Mareca y Eduardo Robaina, que publica el suplemento Climática, de lamarea.com, señala que desde los partidos del Gobierno defienden que la normativa se adecúa a los objetivos planteados a nivel europeo, lo que muchas personas critican: que el plan de la Unión Europea también se queda corto.

La futura ley climática establece que las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española deberán reducirse en un 23 por ciento en 2030 respecto al año 1990, mientras que el conjunto de la UE se ha marcado un 55 por ciento. En el último momento, se incluyó que esta cifra se deberá revisar al alza en 2023. Asimismo, recoge que España debe alcanzar la neutralidad climática para 2050.

Las organizaciones ecologistas insisten que son insuficientes las metas recogidas, ya que, según Naciones Unidas, es necesaria una reducción anual de las emisiones en un 7.6 por ciento hasta 2030, lo que, para ese año, implica un objetivo de al menos 55 por ciento –y no el 23 por ciento, como establece la ley–, con el fin de no llegar a un escenario de calentamiento global por encima de 1.5 grados Celsius. Tampoco convence lo de alcanzar emisiones neutras para mediados de siglo, y reclaman adelantar el plazo diez años.


Energías renovables y eficiencia

energética, pilares de la Ley

de Cambio Climático


Descarbonización, descentralización y digitalización, son tres palabras con las que el texto definitivo de la Ley resume las propuestas dirigidas a transformar el sistema energético. Durante los seis primeros meses desde la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno deberá poner en marcha un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana con el objetivo de mejorar el parque edificado y cumplir con los indicadores de eficiencia energética establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Además, las administraciones públicas deberán establecer incentivos que impulsen las energías renovables, así como el autoconsumo, las instalaciones fotovoltaicas y la calefacción y refrigeración de cero emisiones.

Para lograr las metas propuestas para la próxima década y mitad de siglo, el texto recoge que se debe alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 45 por ciento (actualmente es del 20 por ciento), tres puntos por encima del primer borrador. Asimismo, se deberá lograr un sistema eléctrico con, al menos, un 74 por ciento de generación a partir de energías renovables (ahora es del 40 por ciento), cuatro puntos más de lo planteado inicialmente.

Todo este despliegue de las renovables «debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, «perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico», recoge uno de los artículos.


Limitaciones a proyectos de explotación

de combustibles fósiles


Entre las claves que recoge la ley para «avanzar en una economía descarbonizada y segura», destaca la prohibición de otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

Tampoco se otorgarán nuevos permisos vinculados a recursos extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, como es el caso del uranio.

En este punto, existe discrepancia entre el Gobierno y Mas País-Verdes Equos. Estos últimos defienden que el texto es demasiado ambiguo, lo que permitiría a las empresas seguir adelante con su actividad.

Es el caso de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), de la compañía australiana Berkeley. La multinacional asegura que la ley no supondrá la cancelación de ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos, ya que hace referencia explícita a «nuevas solicitudes».

Actualmente, Berkeley está pendiente de la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico autorice o no la concesión minera. De no llegar esa autorización antes de que la ley entre en vigor, supondría dar el carpetazo definitivo al proyecto, aseguraba el diputado de UP, Juan López de Uralde, en declaraciones a Europa Press.

Con la nueva norma, tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones a proyectos de producción de carbón a nivel nacional. Por otro lado, la ley fomentará, tras una negociación a última hora entre el Gobierno y el PNV, los gases renovables, como el biogás, el biometano o el hidrógeno, una propuesta que no ha sentado nada bien a organizaciones y partidos verdes.

El texto prohíbe el fracking –técnica de la fractura hidraúlica– y señala que «la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas».

En un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá elaborar «un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para la desinversión en productos energéticos de origen fósil por parte de la Administración General del Estado».


El cambio en la movilidad se apoya

en los vehículos eléctricos


El objetivo de alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 para 2050 es una de las principales medidas que incluye la ley respecto a lo que llama «nueva movilidad».

En este sentido, el texto se centra en el transporte terrestre. Así, establece que no más tarde del año 2040 todos los coches nuevos deberán ser cero emisiones. Es decir, a partir de ese año no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que emitan CO₂, principal gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global de la atmósfera.

Asimismo, se impulsará la instalación de puntos de recarga eléctrica en todo el país. Determinadas gasolineras tendrán la obligación colocar infraestructuras de coches eléctricos. Además, se facilitará las instalaciones en edificios y aparcamientos. Por ejemplo, a partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con puntos de recarga.

A más tardar en 2023, todos los municipios de más de 50 mil habitantes deberán tener obligatoriamente zonas de bajas emisiones. Otra novedad importante es que los municipios de más de 20 mil habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones, siempre y cuando superen los límites de contaminación.

Sobre el uso de combustibles alternativos, el Gobierno fijará objetivos prestando «especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico».

Una de las críticas de Ecologistas en Acción al texto definitivo es, precisamente, dar "el mismo tratamiento a los combustibles destinados al transporte aéreo que a los destinados al terrestre o marino".

«El transporte terrestre se debe descarbonizar bajo los principios de reducción de la demanda y máxima eficiencia. En lo que se refiere a la eficiencia, los combustibles avanzados están muy por debajo en uso directo de electricidad. Un reciente estudio señala que para alimentar tan solo un 10 por ciento de los coches, las furgonetas y los camiones pequeños con hidrógeno, y otro 10 por ciento con e-diesel, en 2050 se necesitaría un 41 por ciento más de energías renovables que si estos fueran vehículos eléctricos con baterías», dice la organización ecologista.

Las medidas específicas para la aviación, a pesar de ser este un sector con especial impacto en el calentamiento global, quedaron diluidas en las modificaciones hechas al borrador de la ley.

Sobre el transporte ferroviario, el Gobierno promoverá su uso, así como fomentará su implementación en el transporte de mercancías para distancias superiores a los 300 kilómetros.


Un plan nacional de adaptación

al cambio climático cada cinco años


La falta de claridad en los planes de adaptación de los países de todo el mundo era uno de los escollos a los que apuntaba Naciones Unidas en un informe reciente sobre esta cuestión. En España, la nueva ley es la primera que contempla la necesidad de activar políticas de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

En este sentido, establece que el Gobierno deberá aprobar un plan nacional cada cinco años, que deberá incluir la identificación y la evaluación de impactos previsibles y riesgos para «varios escenarios posibles». También cada cinco años, deberán aprobarse informes sobre riesgo climático en base a un sistema de indicadores.

Asimismo, se recoge la importancia de «incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono».

En lo que respecta a la biodiversidad, el Gobierno deberá presentar una estrategia específica que incluya «las directrices básicas para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o dependientes del agua y de alta montaña».


Las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras deberán elaborar informes de riesgos cada año


Las grandes empresas –hay un plazo de un año para ver cuáles entran en esta categoría–, las aseguradoras y las entiedades financieras deberán dar cuenta de sus objetivos específicos para la descarbonización de sus actividades, además de informar sobre los riesgos para su actividad derivados “de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos” mediante la elaboración de informes anuales.

Se establece también que las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

Paralelamente, el Ejecutivo deberá crear un comité de personas expertas en cambio climático que evaluará y hará recomendaciones sobre las políticas que permitan avanzar hacia la transición ecológica. Este órgano, según recoge el texto, «desarrollará su actividad con plena autonomía» y su composición será paritaria en mujeres y hombres. Asimismo, el comité «elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno».

Una vez entre en vigor la ley, también deberá ponerse en marcha una asamblea ciudadana por el clima que tiene como objetivo fomentar la implicación de la sociedad frente al calentamiento global. A diferencia de otros países, el Gobierno prevé realizar la asamblea de forma virtual.

Además de estas medidas, la ley contempla la inclusión de la educación ambiental en los currículos. En una de las ponencias celebradas previa a la votación final, se aprobó incluir en la ley la expresión «de manera transversal» en referencia a la necesidad de revisar, por parte del Gobierno, el tratamiento del cambio climático (y la sostenibilidad, otra novedad) en el currículo básico de la enseñanza.

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