• Ambiental News-Miguel Á.

Hablemos un poco de Derecho Penal Fiscal


Pláticas jurídicas


Jurídicamente existe la posibilidad de sancionar a las personas físicas y morales que incurren en faltas administrativas o penales en contravención a las normas previstas en la legislación fiscal; con lo cual, resulta evidente a su vez la posibilidad de que se impongan sanciones en contra de los particulares por el incumplimiento de sus obligaciones hacia el Estado. Así, a manera de hipótesis, se puede plantear que como instrumento jurídico eficaz, se podría aplicar un criterio de tesis jurisprudencial que establece la factibilidad de hacer extensiva la responsabilidad penal de manera coparticipativa, a todos los integrantes del consejo de administración de las sociedades mercantiles, en base a las obligaciones que cada uno de ellos tenga en términos de sus encargos corporativos y, sobre todo, a aquellas expresamente establecidas dentro de sus estatutos internos.

Esto es, si cualquiera de las personas físicas facultadas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa que representa, dejase de actuar conforme a esa imposición, cualquiera de las otras personas (también obligadas), deberían subsanar ese incumplimiento por contar también con esa misma calidad de garante; o sea, en caso de omisión en el deber de cumplir con las disposiciones fiscales, cualquier otra persona con representación legal integrante del consejo debería actuar en cumplimiento estricto de lo que el otro dejó de hacer.

A esto es a lo que se llama coparticipación por omisión. Dicho en otras palabras, no debería haber excusa en el cabal cumplimiento del pago de las contribuciones que deben realizar las sociedades anónimas a través de quienes las administran. Por ejemplo, si el presidente del consejo de administración incumple con la obligación de pago, el administrador único o el director general, están obligados a actuar para evitar que se lleve a cabo dicho fenómeno delictivo.

En base a lo anterior, pueden aplicarse sanciones a quienes infringen las normas penales contempladas en el Código Fiscal de la Federación, a las personas físicas quienes representan y administran a las personas jurídicas o morales, ya que con independencia de la diversidad de posibles infracciones a las disposiciones tributarias, también se podría incurrir en la comisión de conductas que la ley fiscal señala como delitos; específicamente nos abocaremos a la Defraudación Fiscal, previsto y sancionado por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

La responsabilidad de las personas jurídicas en general no es aceptada, y por lo tanto se busca la responsabilidad penal de los delitos fiscales en las personas físicas: miembros de las empresas, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes legales o autorizados, que hubiesen intervenido en el hecho punible.

Usualmente, la personalidad o representación societaria constituye una modalidad especial de eludir el acato o burlar alguna disposición legal. Esto implica la creación de un ente ideal exprofeso para la actividad delictiva, como por ejemplo, constituir una empresa para evadir obligaciones impositivas y obtener beneficios sobre una base ficticia. Toda vez que en nuestro sistema jurídico no está generalizada la responsabilidad penal de las personas morales -salvo en algunas leyes especiales-, es que se puede plantear el problema de la determinación de la responsabilidad penal de los miembros de la empresa en los delitos cometidos bajo el amparo corporativo, para poder atribuir responsabilidad sobre la base de los conceptos de competencia, roles generales o de cumplimientos de deberes especiales; solución que me parece la más adecuada para llegar a una imputación de responsabilidad dentro de la estructura empresarial más justa y que nos permita llegar a los verdaderos responsables penales del delito de Defraudación Fiscal, cometido por quienes integran una sociedad mercantil.

Para conseguir dicho fin, hay que considerar diversos aspectos formales y de los diversos tipos de responsabilidad de la persona jurídica, de su estructura, de quienes la integran, de sus obligaciones hacia el interior y también para con terceros, siendo que estas últimas son las más relevantes en el tema planteado, porque del incumplimiento doloso de los deberes fiscales es de donde surge la comisión de los delitos, bajo la representación corporativa de los miembros del consejo de administración de las sociedades mercantiles. Esto se puede acreditar analizando la forma de participación de cada miembro en la materialización del delito fiscal, de la forma de comprobarlo a través de una concatenación probatoria eficaz, que demuestre las omisiones en las que cada uno incurrió; en el entendido de que los delitos fiscales no admiten la forma de comisión culposa, ya que estos ilícitos son de carácter estrictamente doloso.

Nos leemos la próxima semana amigos.

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