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La termoeléctrica de Huexca: energía o ley


Concepción Peralta Como si fuera una gigantesca nave que aterrizó sobre terrenos de maíz, la termoeléctrica de Huexca se levanta con sus turbinas, generadores y torres de acero en un predio de 45 hectáreas en el municipio de Yecapixtla, Morelos. Un particular vendió su terreno a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que antes era una aeropista privada, y les cambió la vida a varias comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En junio de 2011, la CFE lanzó la licitación del Proyecto Integral Morelos (PIM), con valor de 1,600 millones de dólares y que incluía dos termoeléctricas, un gasoducto de 150 kilómetros, una línea eléctrica de 20 kilómetros y un acueducto de 10 kilómetros. La empresa del Estado contaba con el terreno y dos estudios de Impacto Ambiental, pero no con la consulta y aprobación de las comunidades por donde cruzaría el gasoducto, se abastecería de agua y se establecería. Eso marcó la historia de este megaproyecto: parado por una docena de amparos y una férrea oposición de los pobladores. Y sólo se levantó una de los dos termoeléctricas proyectas.

Oposición popular a la termoeléctrica. Foto: Axel Hernández.

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, instrumento adoptado por el Estado mexicano desde 2007, se establece que las comunidades tienen derecho a sus tierras y a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre los proyectos que quieran desarrollarse en sus territorios. El pueblo de Huexca está a menos de un kilómetro de la termoeléctrica y las paredes de su kínder están a unos 200 metros de distancia. El pueblo está asentado ahí desde hace más de un siglo, pero en el Estudio de Impacto Ambiental apenas se refieren a ellos como un asentamiento humano que tira sus desechos al río.

La obra se construyó sin consultar a los pobladores. Foto: Axel Hernández.

De echarla a andar, las turbinas de la termoeléctrica generarían un ruido mayor a 110 decibeles, lo que afectará a la salud de los pobladores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que 85 decibeles durante un máximo de 8 horas es el nivel máximo de exposición que puede tenerse sin riesgos para la audición. Un club nocturno o discoteca alcanzan de 100 a 104 decibles, un concierto o evento deportivo entre 112 y 117, por ejemplo. Pero quienes construyeron aquí no pensaron en los pobladores de Huexca. Ni en las leyes. “Nadie nos informó que era (la construcción). Se preguntó y se preguntó y nos decían que era para Casas Geo (desarrollo de vivienda a bajo costo), que iba a ser una subestación eléctrica, una hidroeléctrica y hasta el final aceptaron que era una termoeléctrica”, relata Teresa Castellanos, vecina del poblado de Huexca y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, la principal organización opositora a la “termo”, como se refieren a la termoeléctrica. “Se les hizo fácil construirla aquí porque solo somos un pueblo de 1,200 indios. En otros lugares tenían que enfrentarse con los comisariados ejidales y someterlo a una votación dura, pero como aquí somos propietarios, pensaron que nos dejaríamos”, explica con irritación la mujer, premio nacional de Derechos Humanos Don Salvador Méndez Arceo.

“Pensaron que nos dejaríamos”, Teresa Castellanos. Foto Axel Hernández.

En teoría, según el proyecto presentado en 2011 por la administración del entonces presidente Felipe Calderón, la obra generaría 622 megawatts de electricidad al año, ayudaría a detonar la economía de esta región del país y bajaría las tarifas eléctricas para las comunidades aledañas. Sería una Central de Ciclo Combinado (CCC) que necesita gas y agua para operar. El energético calienta el agua y la convierte en el vapor que a su vez empuja las turbinas que generan la electricidad. A 13 kilómetros de ahí está el campamento de Apatlaco. Son otro grupo opositor a la “termo” que agrupa a 22 comunidades rurales del municipio de Ayala y defienden el río Cuautla, de donde CFE planea llevarse el agua para abastecer la termoeléctrica, para luego regresarla al caudal tratada. Los agricultores de esta región no piensan permitirlo pues con esta agua abastecen sus siembras de chile, caña, maíz, elote, calabaza, papaya o pepino.

Río Cuautla, de agrícola a industrial.

Virginia Valencia y Juan Domínguez están en guardia, a unos metros de las obras que pararon los pobladores a finales de agosto de 2016, cuando el acueducto estaba a 100 metros de conectarse con el río. Virginia es una adulta mayor, pero eso no le impide bajar por las piedras hasta las obras que muestran “la grosería” que pensaban hacerles con el acueducto. “Se iban a llevar el agua limpia en este tubo –uno de 30 pulgadas– y nos la iban a regresar en otro mucho menor. E iban a ser aguas muertas, contaminadas, lodo”.

“Nos han ofrecido mucho dinero por el agua”, afirma Juan Domínguez, de 63 años. Otro campesino que no está dispuesto a negociar con la CFE, ni con los ejidatarios que sí están dispuestos a ceder, en espera de obtener algunos beneficios económicos.  “Pero el dinero no lo hace todo por harto que sea, y en cambio el agua nunca se acaba”.

“Nos iban a regresar puro lodo”, Virginia Valencia.

Desde hace 30 años, explica, pagan a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el Sistema de Riego. Como ejidatarios son los propietarios de este recurso natural.

En las vertientes del río Cuautla los niños aprenden a nadar. Foto: Axel Hernández.

A unos metros de ahí, en una pileta natural formada por una vertiente del río, mujeres lavan su ropa y su cabello, jóvenes disfrutan un chapuzón y un par de hermanitos se esfuerzan por aprender a nadar. Lo único que piden, menciona Virginia, es que dejen su río como está porque es el patrimonio de sus hijos, su modo de vida y sus cosechas. “Lo que peleamos es nuestro derecho a que nos dejen el agua y a vivir en paz”. Un tercer grupo opositor lo compone el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, rechazan el gasoducto que atraviesa 24 municipios en tres estados en total. Consideran que los pone en peligro al pasar por sus tierras y cruzar por zonas de riesgo del volcán Popocatépetl. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) pidió cambiar el trazo inicialen 23 zonas naranjas –por ser de riesgo moderado y significativo a explosión, por la actividad volcánica– pero la CFE y las compañías constructoras desestimaron la medida, como anotó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación  de 2018. No obstante, las comunidades están divididas porque hay habitantes que sí están dispuestos a permitir la operación del Proyecto Integral Morelos. Algunos vecinos han expresado su voluntad a acceder porque han visto beneficios como calles pavimentadas o canchas deportivas. Además les han prometido empleos y equipar centros de salud; sin embargo, para este trabajo no concedieron entrevistas. La construcción de la termoeléctrica arrancó en 2012. Pobladores en contra instalaron un plantón y pararon las obras durante seis meses, hasta que las policías estatal y federal los forzaron a levantar el bloqueo el 23 de octubre de 2012. “Traían la maquinaria en un tráiler custodiado por dos patrullas adelante y dos patrullas atrás. Nosotros llorábamos de impotencia por ver que no podíamos hacer nada, de ver cómo hacían el pueblo suyo”, recuerda Teresa. Para 2013 empezaron a edificar el gasoducto y el acueducto, e iniciaron también procesos penales en contra de los opositores: Juan Carlos Flores, abogado y defensor, refiere, en entrevista, que fue preso durante nueve meses, y Enedina Rosas Vélez, comisaría ejidal de San Felipe Xonacayucan, Puebla, estuvo encarcelada durante cinco meses y en arresto domiciliario por seis más, ambos acusados por la empresa constructora del gasoducto, la italiana Bonatti SPA. Además, Flores fue acusado por trabajadores de la CFE y el gobierno del Puebla. Jaime Domínguez, opositor del Frente Morelense, fue detenido en 2013 y ha sido demandado hasta en cinco ocasiones tanto por particulares, trabajadores de Bonatti y la propia CFE. Pero la mayor agresión para estas comunidades vino el 20 de febrero de 2019, cuando hombres armados asesinaron al principal líder opositor en Morelos: Samir Flores Soberanes.

Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero de 2019. Foto Axel Hernández

“Un día van a venir por mi” En el pueblo de Amilcingo, municipio de Temoac, en una modesta vivienda con animales de corral, plantas y flores silvestres, Liliana Velázquez Fuentes se parte en pedazos para atender a sus cuatro hijos, de tres y hasta 15 años de edad. Es la viuda de Samir y para el 31 de julio de 2019, aún estaba en espera de las medidas de protección y seguridad para su familia. Ella cree que los asesinos de su esposo eran sus conocidos, porque cuando fueron a buscarlo aquella madrugada del 20 de febrero de 2019 lo escuchó decir, en medio del patio: - “¿Qué pasó canijos?”– y diez minutos después vinieron los disparos.

Liliana Velázquez y su hijo menor, la vida sin Samir. Foto: Axel Hernández.

Liliana traga saliva al recordar su muerte. “Eso se lo diría sólo a alguien que conocía, porque él era una persona muy respetuosa y no a cualquiera le hablaba con esa confianza”. Los ojos se le iluminan al recordar cómo era su vida con Samir: un luchador social de 36 años que además de campesino y herrero se formó como un comunicador “radiobocina”, como le decían sus vecinos años atrás, cuando salía a las calles con su megáfono a informar que venía un gasoducto y una termoeléctrica. “Los dueños de las casas a donde paraba salían y lo corrían –afirma Liliana– pero ya cuando vieron que venían rascando y enterrando tubos empezaron a tomarlo en serio”. Recuerda que Samir tenía varias amenazas. “Yo sé que en algún momento algo va a pasar, no sé cuándo, pero yo sé que me van a levantar”, le habría dicho su esposo. Sin embargo, Liliana está dispuesta a seguir la lucha contra la termoeléctrica con los compañeros del Frente. “Vamos a seguir porque fue lo que él nos enseñó. Él decía que no sólo peleaba la vida de él, era la de sus hijos y sus nietos”. A unas calles de ahí está Radio Amiltzingo, en una casona de dos plantas con murales revolucionarios de la Adelita, el subcomandante Marcos y Lucio Cabañas, entre otros. Fue el lugar donde le dieron permiso a Samir para dar información de interés, como “la termo”. Samir inspiró a sus vecinos para que apoyaran su proyecto de construir una radio rural, de a 20, 30 y 50 pesos comenzaron a cooperar hasta que lograron comprar la antena, el transmisor y los micrófonos. El 6 de enero de 2014 salió al aire en la frecuencia 100.7 Radio Amiltzingo, con alcance hasta Puebla y Guerrero. Samir tenía dos programas, uno a las 6:00 de la mañana y otro a las 15:00 horas. En este último daba noticias e información, principalmente de la termoeléctrica. Recibía llamadas que leía en vivo, “aunque algunas se las guardaba –dijo Liliana– yo creo que para no preocuparnos”. Ahora a esta hora se escucha música. La radio transmite música popular que les envían de otras radios rurales, envían saludos y felicitaciones, avisos de que “se perdió un caballo” o “que venden mole en tal lugar”, explica Leonel Pérez, compañero de Samir y fundador de la radio.

Radio Amilcingo, labor comunitaria. Foto: Axel Hernández.

“Otros locutores comentan, pero nadie se anima a volverse periodista, para explicarles y decirle a la gente las cosas como son, como hacía Samir”, agrega Leonel, sentado en un sillón de madera, con su viejo equipo de locutor al frente, una computadora y un micrófono, en un cuarto de tabiques sin revoco de donde cuelgan las fotos de Pancho Villa, Samir, una mujer del EZLN y de Vinh Flores Laureano, tío de Samir, fundador de la normal rural Emiliano Zapata en Amilcingo, asesinado en 1976. Pero el legado de Samir no fue un vano: “él murió pero quedaron varios que ahora ya saben cómo está lo del Estado de Derecho. Vienen colectivos y nos entrevistan. Gracias a Samir, Amilcingo es un pueblo organizado”.

Leonel Pérez: “nadie se anima a volverse periodista”.

“No vamos a reprimir” El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. La termoeléctrica “fue un problema que nos heredaron y que buscamos solucionar”, explica Hugo Eric Flores, delegado del gobierno federal en Morelos y representante del PIM. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad rechazó la entrevista y ofrecer una postura para este trabajo. Pretendiendo subsanar el requisito de la consulta a los pueblos, el 24 de febrero de 2019, cuatro días después del homicidio de Samir, el gobierno federal llevó a cabo una encuesta sobre la termoeléctrica.

El 59 por ciento de los consultados votaron a favor; pero los opositores y su defensa legal afirman que este ejercicio no suple la consulta legal a los pueblos, los cuales ya habían votado por el no. Además se hizo de forma amañada, como consultar a poblaciones alejadas del gasoducto, mientras que a los afectados no les colocaron casillas suficientes.

Opositores reclaman una consulta amañada. Foto: Axel Hernández.


Como candidato, López Obrador se pronunció en contra de “la termo”, pero como Presidente su postura cambió a favor de la obra “que equivale a alumbrar todo Morelos”, de más de 20 mil millones de pesos y a la que faltan menos de 100 metros para conectarla. “Nosotros no vamos a proceder hasta que no haya la aceptación de la gente…pero queda para la conciencia de todos, porque quieren que se convierta en fierros viejos, que se vuelva chatarra”, apuntó la mañana del 19 de agosto de 2019. Juan Carlos Flores es el abogado del Frente en Defensa de los Pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Es suya es la estrategia legal que les ha permitido detener el proyecto a través de 13 suspensiones y un amparo firme. Pero no es optimista en materia legal, explica, porque en todos los casos el argumento de los jueces es que el proyecto y la energía son de interés social para el desarrollo del país, y ninguno ordena suspenderlo.

Interés nacional sobre lo local, ciudadanos en resistencia. Foto: Axel Hernández.

A su parecer, lo que realmente tiene detenida a la termoeléctrica y el gasoducto es la oposición de la gente. Su molestia y el enojo por la forma en que se impusieron. Jaime Domínguez es uno de los principales líderes opositores en Morelos, premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Refiere que la CFE lo demandó en 2012 por 50 millones de dólares, por presunta obstrucción de obra; en diciembre de ese mismo año lo detuvieron por cerrar la presidencia municipal de Jantetelco, lo acusaron de extorsión; en septiembre de 2013, fue acusado de amenazar con una navaja a dos trabajadores de la CFE; para octubre de 2015, nuevamente intentaron detenerlo y tuvo que dejar su casa durante meses. En julio pasado, la CFE otra vez lo imputó, ahora por unas pintas en las bardas de “la termo” y por “el daño psicológico causado a los trabajadores de vigilancia”. “Nosotros tenemos la razón, el derecho a defender nuestra seguridad, la familia, nuestro espacio y territorio. Y ellos no pasarán por la fuerte resistencia de la comunidad… y por supuesto que hubo corrupción porque no tenían los permisos. Como íbamos metiendo recursos de amparo, los iban tramitando”, denuncia. En febrero pasado, el gobierno federal solicitó la intervención del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Unesco (ONU) para obtener una opinión favorable sobre la calidad del agua tratada por la termoeléctrica. Su respuesta fue que con la información que le proporcionaron era imposible determinar las alteraciones. Pidió a la Conagua realizar estudios físico-químico, bacteriológicos y biológicos para poder emitir una opinión. El municipio de Ayala cuenta con tres suspensiones para evitar que se lleven el agua del río Cuautla; en Amilcingo tienen un amparo porque el gasoducto pasó por su territorio sin que el ejido otorgara el permiso, en Huexca cuentan con tres suspensiones por las afectaciones ambientales, y hay una más en contra de un ramal del gasoducto que alimentará los parques industriales en Yecapixtla, Cuernavaca y Cuautla. En Atlixco, Puebla, cuatro comunidades ganaron un amparo por falta de consulta por lo que la Secretaría de Energía (Sener) está ahora cumpliendo con el derecho de audiencia a las comunidades. “Pero parten de que el gasoducto está construido y hablan de medidas de mitigación y programas sociales, cuando lo que se debe debatir es el destino del gasoducto”, refiere Flores. En su recomendación a la CFE, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que se violó el derecho de los pueblos a ser consultados y que hubo amedrentamientos y agresiones, sin embargo, no ordenó llevar a cabo una consulta. “Pidió mesas de trabajo en donde se reúna Cenapred, Semarnat y Cupreder (Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales) para analizar la seguridad del gasoducto, pero no están incluyendo a las comunidades”, relata el abogado. La manera en cómo se llevó a cabo el Plan Integral Morelos podría explicar la baja evaluación de los ciudadanos de Morelos a los límites del gobierno y el cumplimiento de las leyes en su estado. En el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, del World Justice Project (WJP), el estado obtuvo un puntaje de 0.36, en una escala del 0 al 1, donde 1 significa un mayor apego al Estado de Derecho, lo que lo coloca en el lugar 29 de las 32 entidades del país. Una de sus puntuaciones más bajas fue precisamente en uno de los ocho factores que componen el Índice, Cumplimiento regulatorio, que mide si la normatividad se aplica de manera efectiva y sin influencias indebidas, aspecto en el cual obtuvo un puntaje de 0.33, y que lo ubicó en el lugar 28 de las 32 entidades. A la hora de calificar el debido proceso que garantice efectivamente los procedimientos administrativos, la entidad obtuvo una evaluación de 0.25, con lo que se ubicó en el penúltimo lugar en ese aspecto. Otro hecho a destacar es que en Morelos el Poder Judicial es valorado como un contrapeso eficaz, con 0.52 de calificación, con lo que se ubicó en el lugar 10 de las 32 entidades. Esto sugiere que, sin la intervención del poder judicial, la situación sería aún más grave.

Sin ganadores Para el abogado Juan Carlos Flores un arreglo parece muy complicado porque el gobierno federal quiere impulsar la termoeléctrica y el gasoducto por cuestiones económicas, con el objetivo de industrializar esta región y aprovechar su posición geográfica, “ya que hay mucha agua abajo por el volcán, y cada vez más industrias se están instalando y piensan conectarse al gasoducto”. Por otro lado, dice, las comunidades serán afectadas seriamente en su vocación agrícola porque el río Cuautla se convertiría en un vertedero de la termoeléctrica y pasaría de ser de uso agrícola a uso industrial. Y la población de Huexca tendría que salirse porque el ruido de las turbinas es insoportable, “como si estuvieran escuchando aterrizar un avión las 24 horas del día”; además, por su posición geográfica, “están como en una ollita, el humo y sus componentes no se dispersan”.

De iniciar operaciones, el ruido estaría presente día y noche. Foto: Axel Hernández

La de Huexca no es una historia aislada respecto a megaproyectos que se construyen sin consultar a los pueblos, el Estatus de la Infraestructura de Gas Natural, de agosto de 2019, informa que el gasoducto de Tuxpan-Tula, de 458 mil mdd, operará “en 12 meses, una vez liberada la consulta indígena”, y el de Tula-Villa de Reyes lo hará en 11 meses, “una vez liberado el rescate arqueológico”. Huexca aparece como una termoeléctrica terminada y entregada en diciembre de 2015, con un costo de 212 mil mdd y una capacidad de 330 mmpcd (mil millones de pies cúbicos por día). Según el informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, hasta noviembre de 2017 se re registraban 335 conflictos con los pueblos originarios en el país, encabezados por Chiapas con 63 eventos y Morelos, con ocho. Los conflictos agrarios serían los de mayor frecuencia (50 casos) y mineros (45). Se registraban cuatro casos por conflictos por gasoductos y dos por proyectos hidroeléctricos. El número de conflictos entre población indígena y megaproyectos es más frecuente en el país de lo que pareciera y en este contexto, el de Huexca podría ser un símbolo y una oportunidad para definir qué país queremos ser: ¿Uno donde se respete la legalidad o donde el desarrollo económico se dé a cualquier precio? Por una falta de observancia a la ley, esta historia parece que tendrá perdedores en ambos lados de la balanza: si las comunidades ganan se irán por la coladera millones de pesos de todos los mexicanos; pero si la termoeléctrica se queda, los pobladores quedarán burlados en su territorio con la certeza de que la ley no los protege.

** Este reportaje es un trabajo del colectivo Ojos de Perro vs. la Impunidad para World Justice Project

Acerca del autor: Concepción Peralta Silverio. Periodista independiente, especializada en temas de justicia social, egresada de la UNAM y maestrante de Periodismo y Políticas Públicas en el CIDE. Pertenece al colectivo Ojos de Perro vs la Impunidad. Fue editora de Estados en El Universal y coordinadora web en NoticierosTelevisa.com. Autora de Espiral del pobreza del libro Los 12 mexicanos más pobres. Twitter: @CPeraltaS

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