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México sería el primer país del G20 que dé la espalda al Acuerdo de París: Fernández


Por Miguel Ángel de Alba

México viola con los acuerdos y políticas la Ley de Transición energéticas, pues no alcanzará el 30 por ciento de energías limpias en 2021 ni del 35 por ciento para 2024, por lo que pudiera convertirse en el primer país del G20 que, en los hechos, dé la espalda al Acuerdo de París, al no honrar sus compromisos de reducción de emisiones, afirmó Adrián Fernández Bemauntz, director de Iniciativa Climática México.

Quien fuera presidente del Instituto Nacional de Ecología propuso revisar cuanto antes la Ley de Transición Energética para adicionarle metas más ambiciosas en materia de energías renovables para 2027 y 2030, pues la actual concluye sus metas en 2024.

Al participar en un webinar convocado por los capítulos mexicanos de Fridays For Future y Climate Reality, consideró fundamental que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recapaciten y corrijan el rumbo y sus políticas.

“Les vendría bien conocer cómo están adaptándose y modernizándose las redes eléctricas en el mundo, así como aprender a maximizar la participación de las energías renovables en la matriz energética, sin poner en riesgo la estabilidad y confiabilidad del suministro”.

Añadió que “para desarrollar redes eléctricas inteligentes, se requieren funcionarios capacitados, actualizados y sin prejuicios; se debe ampliar la red eléctrica nacional y establecer con transparencia y racionalidad las tarifas, los cargos y los costos aplicables a todos los usuarios de la red eléctrica.

También mencionó que los productores privados no deben recibir subsidios por el uso de la red eléctrica, pero tampoco ser discriminados ni obstaculizados para participar en el mercado eléctrico mayorista.

En torno a las recientes publicaciones del Acuerdo y de las Políticas que frenan el desarrollo de las energías renovables, indicó que “las empresas podrán ganar los juicios y ser compensadas económicamente con dinero de los impuestos pagados por todos los mexicanos, pero eso no evitará la contaminación ambiental y sus consecuencias”.

En materia de energía, no se debe confundir la seguridad energética con la autonomía y total independencia con respecto a otros países. Se deben controlar riesgos, diversificando proveedores y socios internacionales; explicar con claridad y objetividad el concepto de “soberanía energética”, para que no se convierta en un principio abstracto con el que se pretendan justificar decisiones, inversiones y rumbos de la política energética nacional, precisó.

La CFE y la Sener deben detener su acelerada marcha por construir más centrales termoeléctricas a gas y evitar, a toda costa, incrementar el consumo de carbón y combustóleo para la generación de electricidad en las plantas existentes.

Paradójicamente, señaló, pocas políticas generarán mayor dependencia de insumos y combustibles importados que continuar la construcción de plantas termoeléctricas a gas natural.

Por otra parte, apuntó que la transición energética en México enfrenta retos importantes en su dimensión social, que también pueden ser una oportunidad para promover el desarrollo sustentable a nivel local.

“La transición energética puede generar riesgos y cambios sociales que deben ser considerados en las políticas y en los procesos de planeación del sector, y en el diseño de la gestión de proyectos. A pesar de sus importantes beneficios para la mitigación climática, los proyectos de energía renovable pueden generar impactos sociales y ambientales negativos a nivel local, como la fragmentación del paisaje, impactos en la flora y fauna, efectos adversos en las actividades económicas tradicionales y molestias a los residentes durante su construcción y operación, además de la oposición de las comunidades.

Por ejemplo, dijo, entre 2006 y 2019 se reportaron 141 hechos conflictivos en torno a proyectos de energía eólica, lo cual detonó procesos legales y provocó retrasos e incluso la cancelación de algunos proyectos.

Para abordar esta problemática, consideró que se deben mejorar las evaluaciones de impacto social, los procesos de consulta, planeación y diseño de los proyectos y las políticas de responsabilidad social de las empresas, entre otras medidas, que permitan mejorar la gestión de impactos y relaciones sociales, y hagan partícipes a las comunidades de los beneficios de la transición energética.

Fernández recordó que en México persisten desigualdades sociales y económicas que se han incubado a lo largo de muchos años y no han sido atendidas adecuadamente. Para avanzar a una transición energética justa, además de abrazar y promover las energías renovables, se debe priorizar el acceso universal a la energía y erradicar la pobreza energética.

Explicó que no basta estar conectado a la red eléctrica, sino que la población debe contar con el acceso a electricidad de calidad y suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y estar en condiciones de cubrir su costo. Aquí, la energía solar distribuida puede desempeñar un rol fundamental.

Refirió que una política pública alternativa sería sustituir los enormes subsidios a las tarifas eléctricas por inversiones a gran escala en paneles fotovoltaicos para millones de hogares, como plantea el Programa Hogar Solar, impulsado por Iniciativa Climática de México.

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