• Ambiental News-Miguel Á.

Obtienen comunidades mayas la suspensión definitiva al Tramo 2 del proyecto Tren Maya


+ Las autoridades deberán acatar la decisión judicial y abstenerse de ejecutar obras nuevas en el tramo que va de Escárcega a Calkiní, Campeche

+ Las comunidades y organizaciones sociales hacen un llamado respetuoso a la autoridad para que cesen los ataques y criminalización en contra de quienes se oponen al proyecto


Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 en contra del proyecto Tren Maya.

Como efecto de la suspensión, no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en Campeche. Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder llevar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables.

Esperan que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto.

Las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).

Con relación a la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat a Fonatur TM, tampoco podrán realizarse obras para dicha fase, toda vez que dentro de ésta se incluyen obras nuevas en el tramo 2 de Escárcega a Calkiní, el cual se encuentra suspendido conforme a la decisión del Poder Judicial.

El colectivo de personas y organizaciones que interpusieron la demanda de amparo mencionada, decidieron conjuntamente ejercer su derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a sus derechos humanos fundamentales, como el acceso a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya.

Por lo anterior, hacen un llamado respetuoso al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de sus derechos humanos. Asimismo, solicitan a la autoridad judicial actuar con mayor diligencia en este caso, pues en los diferentes procesos de defensa interpuestos en la Península de Yucatán, están ocurriendo muchas dilaciones procesales. Hay una tardanza generalizada en la admisión de las demandas de entre cuatro y seis meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.

En este sentido, consideran indispensable que el Poder Judicial de la Federación se erija como un verdadero órgano protector de los derechos humanos que garantice el acceso a la justicia y la generación de condiciones que permitan a los pueblos, comunidades y a cualquier ciudadano, impugnar las violaciones que se derivan de este proyecto.

Finalmente, hacen un enérgico llamado a las autoridades para garantizar el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales a ejercer su labor y a actuar a fin de que cesen los ataques de los que han sido objeto por ejercer su legítimo derecho a oponerse a las obras del Tren Maya, al considerar que violentan su derecho al territorio y a un medio ambiente sano.

Desde que inició el proceso de defensa, los involucrados, tanto de forma individual como colectiva, han sido blancos de ataques, amenazas, deslegitimación y criminalización por el mero hecho de oponerse al proyecto.

Por seguridad y protección de datos personales no se da a conocer el expediente, ni parte del mismo.

La conferencia de prensa fue realizada por los colectivos Indignación, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y Centro Mexicano de Derecho Ambienta.

Video de la conferencia de prensa:


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