• Ambiental News-Miguel Á.

Presunción de inocencia


Pláticas jurídicas


En primera instancia valdría la pena mencionar que esta figura jurídica implica un hecho inicialmente presuntivo; o sea, no comprobado a plenitud cuando se da comienzo a una investigación. Asimismo, la inocencia ligada a esta presunción implica el hecho de que nadie puede ser tildado de responsable de un delito hasta en tanto no se agoten todos los extremos que exige doctrinariamente la culpabilidad. De no respetarse cabalmente este principio posiblemente se podría incurrir en serios actos de injusticia por parte de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales.

Por lo anterior, es indispensable que se acrediten todos y cada uno de los supuestos previstos en una norma penal, una conducta de acción u omisión que haya sido cometida de manera dolosa o culposa y que con ello se vulnere la esfera jurídica de un tercero; entre otros aspectos y elementos que constituyen la llamada teoría del delito.

Históricamente, la falta de aceptación de la inocencia de un sujeto “probablemente” infractor, ha originado los más nefastos actos de barbarie desde hace siglos. Muestra de ello, fueron los juicios que se instauraban en Europa en los tiempos de la Santa Inquisición, donde sin llevar a cabo indagaciones acuciosas, con simples sospechas de herejía, brujería o hechos contrarios a las buenas costumbres y leyes canónicas, la gente podía ser juzgada y condenada a torturas y hasta a la privación de la vida de la manera más cruel.

Este viejo principio penal tiene su origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Organización General de las Naciones Unidas en el año de 1948, antecedente jurídico que ha fungido como pauta del estado de inocencia como una garantía o un derecho fundamental es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789, de donde surge la muy conocida acepción punitiva que reza que todo hombre debe presumirse inocente mientras no haya declarado formalmente culpable. De aquí derivan algunas otras que establecen que todo reo tiene derecho a ser oído y vencido en juicio.

Y hablando de juicios, también deberá apuntarse que el mismo debe ceñirse a los estatutos normativos respetando a plenitud las garantías de los presuntos responsables, mediante la incoación de juicios apegados al debido proceso, evitando aplicar todo rigor que no sea estrictamente necesario para declarar la culpabilidad de un acusado.

Así pues, la historia ha ido evolucionando hasta aceptarse dentro de las legislaciones de casi todas las naciones que a toda persona a quien se haya imputado la comisión de un delito, le asiste el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueben todos y cada uno de los extremos de su culpabilidad, en términos a la ley y en mediante un juicio público en el que le sean aseguradas y respetadas todas las garantías necesarias para su legítima defensa. En México, nuestra Carta Magna establece que todo individuo goza de las garantías derivadas de esa legislación suprema y no pueden restringirse ni suspenderse los derechos de los indiciados sino en los casos y a través de las condiciones estipuladas en la propia Constitución.

Amén de lo anterior, la propia Constitución prohíbe ejercer actos de molestia contra persona alguna para privar a cualquiera de sus derechos, imponiéndose una serie de requisitos y limitantes hacia las autoridades para poder emitir cualquier acto que pueda causar una molestia de cualquier tipo y gravedad a los gobernados.

Ejemplo de esto, es la prohibición de que las autoridades se introduzcan a los domicilios, accedan a la correspondencia o intervengan las comunicaciones telefónicas o de otra índole, cuando dichos actos de autoridad no se justifiquen mediante el formal otorgamiento de una orden de cateo, o las autorizaciones que sean indispensables por parte de un órgano jurisdiccional, que una vez analizados los indicios, pruebas o medios de convicción, hagan presumible la comisión de algún ilícito que a su vez pueda ser imputado a una persona determinada.

Lo mismo ocurre con el libramiento de una orden de aprehensión en contra de cualquier persona, sin que exista todo un procedimiento previo del cual derive la posible existencia de un delito y resulte la probable responsabilidad de quien deba ser sujeto de detención, y así consecutivamente hasta llegar a la emisión de una sentencia que declare una sanción mediante una condena con la que se ponga fin a un juicio, que haga evidente que de la presunción de inocencia se haya acreditado la plena responsabilidad penal de un individuo.

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