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¿Qué es el debido proceso en el Derecho penal mexicano?


Pláticas jurídicas


Esta es una acepción muy utilizada en los ámbitos del litigio penal, los tribunales, los medios de comunicación, la doctrina y el medio académico. Esta figura jurídica no es nueva, sin embargo a partir del año 2008 en que se iniciaron las gestiones legislativas para poder incorporar el sistema penal acusatorio en México, se llevó a cabo una serie de reformas a diversos marcos normativos, quedaron plasmadas un conjunto de normas cuya finalidad es justamente garantizar la justicia, la imparcialidad y la mayor transparencia en los procesos penales.

El Procedimiento penal mexicano está dotado de ciertas prerrogativas para todos los sujetos de derecho implicados en la salvaguarda del llamado Estado de derecho, a fin de que se aseguren todas y cada una de las garantías constitucionales, así como los lineamentos previstos en los ordenamientos accesorios de naturaleza punitiva, con el cometido de que los procesos penales se inicien, se incoan y se determinen en forma justa.

En la actualidad vivimos una renovación muy palpable en materia procesal penal, donde se vislumbra una imagen muy protagónica de lo que es el debido proceso, mismo que está sujeto a constantes revisiones y a toda la atingencia por parte de las instituciones del Poder Judicial Federal y de las autoridades del orden común. El debido proceso se ha visto fuertemente influenciado por el Derecho internacional en materia de derechos humanos y garantías individuales, tratándose de respetar y aplicar la jurisprudencia afín en torno a la interpretación y aplicación de los tratados sobre esta materia.

El debido proceso, tiene el cometido de tratar de lograr la armonía de los dos grandes intereses controvertidos dentro de los juicios penales; sin duda, el más relevante es el interés social o colectivo, pero sin descuidar por ello los intereses particulares de los individuos que se encuentren vinculados a un proceso, o incluso desde antes, cuando su probable responsabilidad apenas se encuentre en etapa de indagación ante el Ministerio Público. En las instancias que se desarrollan ante estas autoridades surge la necesidad de que en los juicios se respeten a rajatabla los derechos humanos, pero simultáneamente respetando los intereses de la víctima o la parte ofendida con la encomienda de hacer cumplir cabalmente la Ley y conseguir la eficacia en cuanto a la contención de las actividades ilícitas.

Esta situación queda de manifiesto en aquellos casos sometidos a la superior consideración de la Corte, en los que se ponen en conocimiento del máximo tribunal asuntos sumamente delicados donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Estado debe combatir el delito y proteger a la sociedad, pero de manera que se haga con estricta observancia de los principios y las normas del Estado de Derecho y con respeto a las normas mínimas.

Muestra de ello se desprende del artículo 14 de la Constitución Política Federal, en el cual se exige que todo acto privativo de derechos sea emitido por autoridades jurisdiccionales previamente establecidas y dentro de un juicio en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, en el entendido que se deberá garantizar una adecuada y oportuna defensa en todas las etapas procesales a las que sea sometido, otorgando al inculpado la oportunidad de que pueda defenderse de toda acusación -incluso en casos de flagrancia- previamente a la emisión de aquellos actos que coarten de alguna manera la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades el respeto de esas formalidades esenciales del procedimiento.

Dentro de estas condiciones, se debe dar especial relevancia a diversas diligencias atingentes a la formal notificación del inicio del procedimiento y haciendo de su conocimiento de todas sus consecuencias. Asimismo, se debe dar la oportunidad de que ofrezca y desahogue las pruebas que abonen a su defensa, con la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga y, por último, el dictado de una resolución con la cual se diriman las cuestiones debatidas dentro del juicio.

Todos estos requisitos son relacionados con la garantía de audiencia como parte fundamental para el equilibrio y desarrollo imparcial de un juicio, donde se respete la protección del individuo acusado y la realización de la justicia a su vez, en el cual se deberá adoptar una postura garantista.

Aunque, por último, también valdría la pena mencionar que el acato a estas disposiciones garantes del debido proceso, han sido muy criticadas por los medios de comunicación y los llamados líderes de opinión como ocurrió con aquel famoso caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, a quien con toda seguridad se hubiese condenado severamente por las conductas que fueron plenamente acreditadas, de no ser porque fueron vulneradas sus garantías individuales…

De aquí surgirá siempre la gran interrogante que tanto cuestiona la sociedad: ¿Qué derecho debe tener mayor preponderancia, el de la víctima o el del delincuente? Ante las reformas y las nuevas disposiciones en comento, los derechos de ambas partes tienen el mismo nivel jerárquico ante el derecho penal.

Nos leemos la próxima semana, amigos.

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