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¿Qué es una persona moral en el ámbito fiscal?


Pláticas jurídicas

También se le conoce como persona jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir en conjunto con una función corporativa. En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona física. Así, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.

Existen diversas teorías en torno a la figura de la persona moral, sin embargo, todas estas teorías tienen un mismo punto de partida: si bien es verdad que desde el ángulo biológico y aun metafísico la única persona es el ser humano, desde lo jurídico se llama persona a todo ente capaz de adquirir derechos o ser sujeto de. Desde este punto de vista jurídico tan persona es el hombre en su calidad de ser individual, como los entes de existencia ideal, puesto que ambos tienen esa capacidad. No haber advertido el significado jurídico de la palabra sería el error inicial del planteo de la teoría de la ficción. Una diferencia entre la persona física y la moral, estriba en que en el caso de las personas morales, el régimen fiscal y las obligaciones que les corresponden son diferentes en relación a si tienen o no fines de lucro, en el caso de personas físicas existen varios regímenes de acuerdo con la actividad y el monto de los ingresos que obtengan.

En relación al nacimiento de la personalidad jurídica, las personas morales nacen como consecuencia de un acto jurídico (acto de constitución), según un sistema de mera existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad u órgano administrativo o por concesión. En ambos casos puede existir un requisito de publicidad, como la inscripción en un registro público.

Los organismos rectores. La persona jurídica necesita de órganos rectores de su actividad. Al tratarse de un conjunto de bienes y derechos, es necesaria la existencia de personas físicas que decidan el destino que se da a esos bienes y las acciones que se vayan a tomar.

Los órganos se regulan por ley y por los estatutos de la persona jurídica, así, de entre los que resultan más habituales son: El administrador, varios administradores solidarios o mancomunados, el consejo de administración y la Junta de socios, accionistas, etc.

En cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica, tradicionalmente se ha rechazado la posibilidad de que una persona jurídica tenga responsabilidad penal por un delito. El argumento fundamental es que el dolo o la culpa no pueden recaer en ella, sino en las personas físicas que están detrás de una persona jurídica y toman las decisiones. Según esta concepción doctrinal, la persona jurídica sería sólo responsable civilmente, es decir, tendría en todo caso que resarcir daños y perjuicios. Además, históricamente la teoría del delito se ha construido sobre la base de la persona natural.

En la actualidad, sin embargo, existen ordenamientos donde es posible sancionar penalmente a una persona jurídica por un delito. Si bien no pueden imponérsele todo los tipos de penas, existen algunas, como las pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios. No obstante, parte de la doctrina considera estas situaciones como propias del derecho administrativo sancionador y no del derecho penal. Sin embargo, por lo general, en el Common Law se acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, mientras que por ejemplo, en el Derecho continental europeo, solo algunos países, como Italia, Alemania, España o Francia lo admiten.

En México específicamente, sí hay manera de responsabilizar a un ente económico en términos de lo dispuesto en el artículo 11 del Código Penal Federal, que a grandes rasgos establece que cuando un miembro de una persona moral privada de cualquiera naturaleza, cometa un delito bajo el amparo corporativo de la sociedad, y le resulte un beneficio indebido a éste o a la persona moral, el juez podrá, decretar la suspensión o la disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública.

Nos leemos la próxima semana amigos.

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