• Ambiental News-Miguel Á.

Urge una reactivación transformadora, ante la emergencia socioambiental


+ Es imposible continuar con el esquema de “business as usual”; debe crearse una economía baja ene carbono, piden organizaciones sociales

Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente, y así lo demandan más de 250 instituciones de la región, que reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que implementan los gobiernos a raíz de la COVID-19.

Con representaciones de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que ante las crisis socioambiental y de justicia no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, “las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo”.

Reconocieron la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, por lo cual la propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces.

Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, las organizaciones abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica.

Unidas bajo el lema “Juntxs por una reactivación transformadora”, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad.

Además, promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, el cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros.

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